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Opinión
Mauricio Farah Gebara
Como si se tratara de una cadena de infortunios, cuyos eslabones son de arbitrariedad, dolor y muerte, la adversidad que enfrentan los migrantes mexicanos en Estados Unidos tiene su réplica en el sufrimiento de los migrantes centroamericanos en México. Como resultado de ello, una doble condición atrapa al país: en materia migratoria, México es víctima y victimario.
Al tiempo que los mexicanos irregulares en Estados Unidos padecen abusos y agresiones, los extranjeros indocumentados en México sufren circunstancias similares, como si un espejo reflejara automáticamente dos realidades que convergen en la tragedia: los migrantes son seres humanos con sus derechos amenazados y frecuentemente transgredidos.
México tiene el derecho de inconformarse y protestar por las acciones gubernamentales y civiles que inhiben o coartan los derechos fundamentales de sus connacionales en Estados Unidos; pero tiene la obligación constitucional y moral de salvaguardar la integridad, la vida y los derechos de todos aquellos que se encuentran en su territorio.
Un principio de congruencia impone la necesidad de actuar en ambos campos con igual determinación. Se trata de un deber de justicia social cuyo cumplimiento incidirá en beneficio de uno de los migrantes irregulares, uno de los grupos más vulnerables en la actualidad.
Considerando que en 1980 se aseguró en México la misma cantidad de extranjeros sin documentos que hoy se asegura en 20 días; y que actualmente en un mes salen hacia Estados Unidos el mismo número de mexicanos que hace tres décadas emigraba en un año, la migración es una de las grandes asignaturas a atender del Estado mexicano en los próximos 20 años.
Para afrontar este desafío, México debe actuar directamente y sin regateos para resolver la problemática en sus dos fronteras: en la del norte para evitar seguir siendo víctima y en la del sur para dejar de ser victimario.
Hay dos condiciones inaceptables que dañan la dignidad del país y que significan un reto doble.
Por un lado se tiene el reto de cómo lograr mejores condiciones para los mexicanos que se ven obligados a emigrar, cómo sustraerlos a la violencia que se cierne sobre ellos, cómo salvaguardar sus derechos humanos, y cómo detener la creciente muerte de migrantes en la frontera norte.
Por el otro está el reto de proteger a los extranjeros irregulares en México del abuso, la arbitrariedad, la mutilación y la muerte, cómo impedir que la delincuencia común y la organizada, las autoridades policíacas e incluso los guardias de seguridad privada sigan atropellando los derechos fundamentales de quienes se internan en México sin documentos, la mayoría con la intención de llegar a Estados Unidos.
El anverso
Con la proyectada construcción de mil 126 kilómetros
de bardas en la frontera con México, Estados Unidos se empeña
en sostener una estrategia probada y reprobada. Las barreras no son una novedad:
de 1980 a la fecha ha construido 120 kilómetros de bardas en su frontera
sur. Lo que sorprende es el empecinamiento en multiplicar por diez una medida
evidentemente inútil para reducir la migración.
Tampoco ha podido contenerla el incremento de 135 por ciento en el número de agentes de la Patrulla Fronteriza durante la presidencia de Bush ni la incorporación de más tecnología en la frontera.
Esta creciente inversión en vigilancia ha sido contraproducente pues sólo ha propiciado más violencia sorda, mayor presencia del crimen organizado, más xenofobia, una trepidante inseguridad en la franja fronteriza y más muertes de migrantes.
La siguiente información es suficiente para probarlo: las cifras oficiales evidencian que de 1994 a 2000 cada año murieron en la frontera un promedio de 206 migrantes; de 2001 a 2006, el promedio anual se incrementó a casi al doble: 380.
En abril de este año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció ante el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares la muerte de personas como resultado de las medidas fronterizas de Estados Unidos. Se hizo hincapié en que, desde la implantación del operativo Guardián, la muerte en la frontera ha dejado de ser noticia al convertirse en drama cotidiano.
El reverso
La CNDH señaló también que hay un crecimiento consistente
en la migración de extranjeros indocumentados, sobre todo centroamericanos,
que cruzan por México hacia Estados Unidos. De 10 mil que aseguró
el Instituto Nacional de Migración en 1980 se pasó a un promedio
anual de más de 215 mil en los últimos tres años; la
migración se ha multiplicado al menos por 25.
México no ha construido bardas para contener la migración centroamericana, sin embargo los migrantes extranjeros irregulares en el país se enfrentan a otro muro, invisible y doloroso: los abusos y las violaciones a sus derechos fundamentales.
La CNDH ha documentado casos de migrantes severamente golpeados; de elementos de seguridad privada que detienen a los migrantes o los bajan violentamente de los trenes en marcha (lo que incluso provoca su mutilación o su muerte); de sofisticadas redes de traficantes de personas que las conducen a la esclavitud ante la complacencia de las autoridades; y de cárceles habilitadas como estaciones migratorias.
Paralelamente a las 13 recomendaciones que ha dirigido a las autoridades como resultado de la investigación de estos y otros casos, la CNDH también elaboró un informe especial del estado que guardan los derechos humanos en las estaciones migratorias. En éste se registró la falta de seguridad jurídica, la violación al derecho a la salud, el hacinamiento, la falta de aviso consular y otras deficiencias con las que operan estas estaciones migratorias, en donde prevalece la carencia de una conciencia humana en el trato a las personas aseguradas.
Por su parte, la Recomendación General No. 13, emitida el 17 de noviembre de 2006, tiene por objetivo evitar que autoridades no facultadas verifiquen la condición migratoria de las personas, lo que además de ser una trasgresión al marco legal, da lugar a todo tipo de abusos en perjuicio de los migrantes, a los que con frecuencia extorsionan, amenazan y agreden autoridades de los tres órdenes de gobierno.
El propósito es romper el círculo vicioso que se produce cuando autoridades no facultadas revisan la condición migratoria de las personas, lo que en ocasiones deriva en que se les traslade a cárceles de detención preventiva, las que el INM declara habilitadas como estaciones migratorias, (contraviniendo lo establecido en la Constitución) y, sobre todo, reducir la posibilidad de que se sigan cometiendo abusos por parte de autoridades.
Desafíos y soluciones paralelas
Generar nuevas condiciones para los migrantes requiere profundos cambios en
la ley. Tanto en México como en Estados Unidos, una reforma migratoria
no sólo es necesaria, sino impostergable.
Con una legislación que ha permanecido vigente durante más de tres décadas, periodo en el que se han registrado profundas transformaciones en el fenómeno migratorio, México requiere efectuar una reforma que empate la norma con la realidad y con el espíritu de los instrumentos internacionales que ha firmado y ratificado.
Es alentador que el proceso legislativo que tiene como propósito la despenalización de la migración y de los migrantes siga avanzando y es imperativo que se concluya. La criminalización de la migración no sólo va en contra del espíritu de los avances y los acuerdos internacionales sino que es terreno fértil para la extorsión, la amenaza y la arbitrariedad.
Igualmente positivos son los avances en cuanto al tráfico de personas, materia en la que pronto se contará con una ley específica que permitirá que México tenga un marco jurídico capaz de responder a un delito que ha permanecido impune debido a vacíos legales injustificables.
Desde luego, habrá que homologar el marco legal migratorio con los instrumentos internacionales, entre otros con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias.
En Estados Unidos, la posposición de una reforma migratoria ha generado un ambiente de tensión que a nadie beneficia y que ha propiciado la polarización de las diversas posiciones respecto de lo que debe incluir la nueva legislación y en qué términos.
Se han multiplicado las agresiones contra los migrantes mexicanos, tanto en la frontera como en el interior del país; se ha intensificado la práctica de redadas y se ha acentuado la marginación de los migrantes en la vida social y laboral. El miedo acosa a los trabajadores irregulares y a sus familias. Tienen puesta su esperanza en una reforma que no llega, mientras la realidad de todos los días los sumerge en la incertidumbre y la vulnerabilidad.
México, al expresar su inconformidad con lo que sucede a sus connacionales en el exterior, debe ser capaz de oír las voces de los centroamericanos a los que tanto lastiman sólo porque carecen de documentos.
Mediante la definición de una política migratoria integral, México podrá erradicar la injusticia en contra de los migrantes en su propio territorio y sólo así contará con rumbo y estrategia para lograr el respeto a los derechos de sus en el exterior.
México y Estados Unidos deben comenzar por repensar lo que han venido haciendo y construir nuevos paradigmas en materia migratoria. Paradigmas que permitan enfrentar el desafío presente, así como el que se perfila en el horizonte para las próximas dos décadas. Los caminos probados hasta ahora han generado infinito dolor y sufrimiento; han afectado a millones de personas y enlutado a miles de familias.
En México, el migrante padece la indiferencia de la autoridad, la extorsión y el acoso de los malos servidores públicos, la agresión y el robo de la delincuencia común; en Estados Unidos enfrenta una sobre vigilancia fronteriza que lo arroja a las manos de los traficantes de personas y a zonas de alto riesgo, es agredido por agentes migratorios, explotado por empleadores, rechazado socialmente, remitido a vivir en una especie de sociedad subterránea en la que se respira el miedo y se existe a medias.
La relación de similitudes no debe quedar en la anécdota. Ambos países deben asumir la realidad de la migración como un tema a resolver, no a contener; y de los migrantes como un desafío a enfrentar con sensibilidad e inteligencia y no mediante la persecución, la apatía o la violencia.
Las reformas migratorias que se anuncian deben ser un avance y no un retroceso. No puede haber políticas migratorias dignas y justas sin programas regionales de desarrollo y sin cambios puntuales en la legislación. Y tampoco puede haberla sin una perspectiva de derechos humanos. Millones de vidas están de por medio.
(Mauricio Farah es quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos).
Publicado en MX Sin Fronteras 42, junio de 2007.
