|
Reseña
Claudia Villegas Delgado
Akers Chacón, Justin y Mike Davis; No one is illegal. Fighting Racism, and State violence on the U.S.-Mexico Border. Haymarket Books, Chicago, IL, 2006.
“Los retos que enfrentan los trabajadores migrantes son los mismos que enfrentan los trabajadores como clase social”, señala Justin Akers en la obra Nadie es ilegal. En ésta se analiza la migración mexicana a EU a la luz del movimiento civil por los derechos de los trabajadores migrantes y en el contexto de las movilizaciones masivas que se dieron en las principales ciudades estadunidenses entre marzo y mayo de 2006.
La obra se inicia con la historia de la relación México-EU y la importancia de la migración de trabajadores mexicanos a Estados Unidos.
“La subordinación de la economía mexicana a los intereses de EU; la militarización de la frontera; la aprobación de propuestas de ley restrictivas y que criminalizan a los migrantes; y las políticas derivadas de la guerra contra el terrorismo”, dice el autor, “debilitan la capacidad de los migrantes para organizarse y demandar derechos humanos y laborales.”
Estos temas se analizan en cinco de las seis secciones del libro.
En la primera sección, escrita por Mike Davis, se presentan los orígenes, las causas y el desarrollo del movimiento antimigrante en EU; y se documenta la violencia contra los mexicanos en California.
En el resto de las secciones se examinan la política migratoria estadunidense, el papel de las deportaciones, los programas de trabajadores huéspedes y la transformación del tema migratorio en asunto de seguridad nacional.
Esto último ha permitido diseñar una política migratoria que garantiza la fuerza de trabajo barata, sin derechos laborales y sin la opción de una amnistía. Entre otros efectos, esta política ha impuesto una sentencia de muerte para los migrantes, al obligarlos a cruzar por sitios peligrosos como las montañas Otay, en California, o el desierto de Arizona. Desde 1994 han muerto más de 4 mil migrantes.
Como documenta Aker, el acoso legal contra los migrantes es preocupante. Por ejemplo, en los primeros meses de 2005, los gobiernos estatales discutieron más de 300 leyes relacionadas con el tema y se aprobaron 36. Las nuevas leyes niegan prestaciones sociales, autorizan a las policías locales a realizar arrestos de indocumentados y aumentan las multas a patrones que los contratan.
Se calcula que 5 por ciento de la fuerza laboral estadunidense corresponde a trabajadores indocumentados. En 2004, más de un millón de los 2.5 millones de nuevos empleos fueron ocupados por migrantes. Y 58 por ciento de los 33 millones de empleos que se crearán entre 2000 y 2010 requerirá trabajadores poco calificados que es muy probable que en su mayoría sean migrantes.
Por último se resalta la necesidad de repensar la migración a la luz de una lucha por la justicia social y por la igualdad en los derechos de los trabajadores migrantes.
Publicado en MX Sin Fronteras 42, junio de 2007.
